La propuesta está dirigida a pequeños y medianos productores con tenencia de tierras de hasta 50 hectáreas, con rangos definidos según el Censo Agrario de 2008, considerando como criterios la cantidad de superficie cultivada (hasta cinco para el pequeño productor y hasta 10 para el mediano), el rubro cultivado, el costo de producción respectivo y el costeo financiero. Si bien todas las acciones del Estado hacia los pequeños productores han sido una conquista del campesinado gracias a la lucha organizada, estas acciones han sido puntuales, aisladas y penas contenedoras del conflicto social” señala el documento.
Agrega que “la condonación de deudas (1999), el congelamiento de intereses y refinanciamiento de deudas vencidas por tres años (2001/2004), los kits de producción (2005/2006), el certificado agronómico (2007/2008) y el Programa de Calificación Gradual de Productores como Sujetos de Crédito (2009/2010) han costado al Estado más de 200 millones de dólares y, en términos de resultados no han aportado absolutamente nada al desarrollo de la producción nacional, más allá de la respuesta coyuntural y la humillación sistemática del campesinado al ser tratados como pordioseros de políticas de asistencia social”.
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PEQUEÑA AGRICULTURA
La FNC reclama al Estado pasar de una política de contención de crisis a una política de gestión del riesgo en la pequeña agricultura.“La gestión del riesgo y de las emergencias agroclimáticas deben ser un componente de la política agraria en su conjunto y de las políticas de protección social. Por tanto, esto debe considerar el riesgo climático, sanitario, económico y de mercados” señala la propuesta presentada. Resalta que tanto el Fondo de Garantía como el Seguro Agrícola, implementados de forma aislada, tampoco serán una solución. “La combinación de estos instrumentos debe aplicarse en el marco de una política de atención integral a la pequeña agricultura, vale decir integrada a la asistencia técnica, la introducción de tecnología, el acceso a créditos diferenciados, políticas de garantía de precios, registros e información agrícola al pequeño y mediano productor” sostiene.
La propuesta señala que los índices agroclimáticos deben estar relacionos a los rendimientos locales, implementados mediante el monitoreo del clima a través de estaciones meteorológicas, zonificacion de la producción según suelo y clima, valor de los rendimientos por zona y otros. El fondo para el seguro agrícola debe estar inscrito en una cuenta del Banco Central del Paraguay (BCP). La FNC reclama que tanto la política integral como el seguro agrícola sean implementados a través de las instituciones del Estado, no a través del sector privado.
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